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LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FISCALES DEPLORA EL ASESINATO DE LA FISCAL HONDUREÑA KAREN GABRIELA ALMENDAREZ HERRERA

6/1/2022

La Asociación Internacional de Fiscales (IAP) es la única organización mundial de fiscales, autoridades fiscales y asociaciones de fiscales. Abarca seis continentes y más de 175 jurisdicciones, y representa a más de 200.000 fiscales. La IAP es una organización apolítica y no gubernamental, y goza de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

La IAP está comprometida con la defensa de los derechos de los fiscales, y esto incluye su seguridad personal y la de sus familias. En las "Normas para la protección y la seguridad de los fiscales" de la IAP, se afirma que "los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los fiscales y sus familias reciban por parte de las autoridades la protección de su integridad física cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones". Además, se insta a los Estados a proporcionar toda la protección necesaria a los fiscales y a sus familias "en su domicilio o en sus viajes".

La IAP se ha enterado con profundo pesar del asesinato de Karen Gabriela Almendarez Herrera, Fiscal Especializada en Materia Ambiental, en la ciudad de Nacaome, Honduras. Fue asesinada a tiros cuando regresaba a su casa desde un gimnasio en el barrio de El Chaguite. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) está investigando el asesinato, que podría estar relacionado con el crimen organizado, y los responsables de este asesinato sin sentido deben ser llevados ante la justicia.

Dado que éste es el tercer asesinato de un fiscal en América Latina en menos de un mes, tras los asesinatos de un fiscal paraguayo en Colombia y de una fiscal de tráfico de drogas en Ecuador, la IAP pide que los gobiernos de todo el continente concedan la máxima prioridad posible a la seguridad de los fiscales.

La IAP, por lo tanto, solicita a los Estados de América Latina que revisen urgentemente la idoneidad de sus disposiciones existentes, que evalúen cómo pueden ser reforzadas y que hagan el mayor esfuerzo posible para garantizar que se alcancen los más altos niveles de protección. Para que los fiscales puedan velar por la justicia penal, defender el Estado de Derecho y llevar a los criminales a la justicia, ellos y sus familias deben estar plenamente protegidos en todo momento.