Intervención del Excmo. Sr. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo D. Javier A. Zaragoza Aguado en el XXIV Congreso de la IAP (Asociación Internacional de Fiscales)-Buenos Aires (Argentina)-Septiembre de 2019

                    EL PROCESO PENAL POR LA REBELION DE CATALUÑA

1.  HECHOS OBJETO DE ENJUICIAMIENTO

     Los hechos considerados constitutivos de delito por el juez instructor en el auto de procesamiento, así como por la Fiscalía del Tribunal Supremo en su escrito de acusación, y que acaecieron en los meses de septiembre y octubre de 2017 son los siguientes:
•	La aprobación el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña de las siguientes leyes: i) Ley del Referéndum, que establecía las normas para la votación de un referendum vinculante sobre autodeterminación de Cataluña, y que con mayoría de votos a favor obligaba a declarar la independencia; y ii) Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República que derogaba la Constitución Española y el Estatuto en Cataluña, y establecía previsiones para la institucionalización de la nueva república como forma del Estado independiente catalán. Ambas leyes se presentaron desoyendo las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Se tramitaron a través de un mecanismo de urgencia de menos de 24 horas cada una de ellas, que vulneraba los derechos de los restantes grupos parlamentarios, como declaró el Tribunal Constitucional, y se aprobaron por la mayoría independentista, quienes contaban con una mínima mayoría en el Parlamento Catalán, ni siquiera suficiente para reformar el Estatuto Catalán (que necesita 2/3 de mayoría), y la abstención de algunos miembros de otra formación política, así como la ausencia de la oposición. Las dos normas fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. La del referéndum el mismo día 7 de septiembre (y declarada definitivamente inconstitucional por sentencia de 17 de septiembre de 2017) y la de transitoriedad el día 12 de ese mismo mes (declarada definitivamente inconstitucional por sentencia de 8 de noviembre de 2017). En todas las resoluciones del Tribunal Constitucional se requirió a los acusados para que impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión de la celebración del referéndum.
•	Conforme a estas leyes, el denominado "referéndum" del 1 de octubre era vinculante, independientemente de la participación y el número de papeletas a favor, y conduciría a la secesión en 48 horas. A pesar de que las fuerzas de la oposición habían manifestado repetidamente su rechazo a este proceso, los secesionistas siguieron adelante.
•	Tras la aprobación exprés de la ley del referéndum, el Gobierno de la Generalitat aprobó un decreto de convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, a sabiendas de la ilegalidad en que incurría, el cual fue suspendido por el Tribunal Constitucional el día 7 de septiembre, suspensión que no fue acatada y cumplida.
•	Posteriormente, el Tribunal Constitucional confirmó la vulneración de los derechos democráticos en la tramitación de las leyes de desconexión. Y también las declaró inconstitucionales, previniendo de las consecuencias para las autoridades si su mandato fuera incumplido. Las autoridades fueron advertidas en reiteradas ocasiones de que estarían incumpliendo la Constitución si continuaban con sus actos.
•	El asedio tumultuario y violento a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña en Barcelona el 20 de septiembre de 2017, y a otras sedes del Gobierno autonómico, que estaban siendo registradas por orden de la Autoridad judicial competente en el marco de una investigación judicial, cuando una multitud (hasta 40.000 personas) mantuvo retenida a la comisión judicial y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que les acompañaban, y se produjeron graves daños en vehículos policiales, algunas agresiones a policías y una fuerte situación ambiental de intimidación.
•	Ante los reiterados incumplimientos de las autoridades de la Generalitat de Cataluña, se inició un procedimiento penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ese procedimiento se dictó una resolución judicial el 27 de septiembre de 2017 en la que se ordenaba el cierre de las dependencias en las que se fuera a celebrar el referéndum o que fueran necesarias para su infraestructura (centros de procesamiento, gestión o recuento de votos), así como requisar todo el material relacionado con el mismo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron el 1 de octubre en cumplimiento de esa resolución judicial.
•	La celebración el 1 de octubre de 2017 de un referéndum ilegal de
autodeterminación en todo el territorio de Cataluña, que se llevó parcialmente a cabo con censo universal, sin administración electoral, conforme a ley de 6 de septiembre del Parlamento catalán declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional el día 17 de ese mismo mes, y que previamente había ordenado —y así se hizo— la disolución de la Sindicatura Electoral central y las territoriales.
•	El "referendum" del 1 de octubre de 2017 no tuvo las mínimas garantías democráticas, conforme a instituciones como la Comisión de Venecia, ni en su origen, ni en el proceso de votación en sí, ni en su resultado. No hubo censo, ni campaña por el "no". En cambio, sí hubo múltiples irregularidades y no fue observado por ninguna institución internacional reconocida (OSCE, Consejo de Europa, UE). La votación, por tanto, se produjo en circunstancias absolutamente irregulares y de gran tensión. Solamente acudió a votar el 40 % del censo electoral
•	Cuando las Fuerzas de Seguridad de Estado trataron de dar cumplimiento al mandamiento judicial de cierre de los colegios electorales y de entrega del material electoral, se produjeron en algunos lugares fuertes enfrentamientos con las personas que allí se habían congregado para evitar la actuación de la policía nacional.
•	Los acusados hicieron continuos llamamientos a la movilización de los ciudadanos para que acudieran a votar pese a la ilegalidad del referéndum, impidieran la actuación de las fuerzas de seguridad y protegieran los centros de votación, formando murallas humanas y generándose graves enfrentamientos físicos, en los que resultaron lesionadas centenares de personas (tanto policías como ciudadanos); los mandos de la Policía autonómica y los responsables del Gobierno central les habían advertido en sendas reuniones celebradas el 28 de septiembre que su actuación podría producir con una altísima probabilidad situaciones de violencia y enfrentamientos físicos, como así sucedió.
•	Los acusados fueron plenamente conscientes de que la violencia se iba a producir y de que su empleo era necesario para asegurar la celebración del referéndum, sin el cual no era posible declarar la independencia.
•	Durante el período comprendido entre el 19 de septiembre y el 27 de octubre se produjeron más de 200 incidentes violentos e intimidatorios (enfrentamientos físicos, agresiones a policías, daños graves en vehículos, acosos a lugares de alojamiento de funcionarios, en cuarteles, comisarías y edificios públicos, sedes de partidos políticos, cortes de carreteras y de líneas férreas, etc.), todos con ellos con la finalidad de favorecer la segregación territorial de Cataluña, provocándose una situación claramente insurreccional.
•	El Gobierno de la Generalitat hizo caso omiso de los requerimientos que le transmitió el Gobierno central en fechas 11 y 19 de octubre para que cumpliera con sus obligaciones constitucionales, de manera que el 27 de octubre el Parlamento catalán aprobó la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán (en una votación en la que solo 70 de 135 votaron a favor). De esta manera se producía la ruptura de la legalidad constitucional que proclama como principios básicos la integridad territorial y la soberanía nacional (arts. 1 y 2 de la Constitución)
•	La situación de grave riesgo para el orden constitucional, obligó al Senado a aplicar el art. 155 de la Constitución, que establece un mecanismo de coerción para los casos en que una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. En ejecución de ese acuerdo se aprobó el cese del Gobierno de la Generalitat, la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de nuevas elecciones regionales.
•	Las autoridades de la Generalitat destinaron más de 3 millones de euros de fondos públicos a una actuación ilegal: la organización, financiación y celebración del referéndum del 1-O. Se ha acreditado la cesión y uso de locales públicos, así como la disposición de tales cantidades de dinero para campañas de publicidad institucional, compra de material electoral y cartelería, así como pago de informes y gastos de observadores internacionales.

2. EL PROCESO PENAL INCOADO POR TALES HECHOS

•	Como consecuencia de estos hechos de finales de 2017, se abrieron en España varios procesos judiciales mediante querella del Fiscal General del Estado. El que se ha tramitado ante el Tribunal Supremo contra 25 personas se dirige contra los principales responsables de estos hechos. En este procedimiento, siete de los procesados se encuentran fugados, y nueve en prisión preventiva. Las acusaciones incluyen delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, desobediencia y pertenencia a organización crimimal. Se trata de delitos que, con esa u otra tipificación, figuran en los códigos penales de la mayoría de democracias occidentales.
•	Algunas personas atribuyen a los acusados la condición de presos políticos. Pero realmente no lo son porque no se les persigue por sus ideas, ni por defender un proyecto político aunque este sea inconstitucional, sino por haber cometido gravísimos hechos penalmente previstos y que han supuesto un ataque al orden constitucional. La razón de su enjuiciamiento es haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, que ha convertido a España en una democracia moderna y consolidada; haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. 
•	Se les ha investigado y juzgado por haber cometido hechos delictivos consistentes en quebrantar las leyes democráticas básicas de nuestra convivencia, romper el orden constitucional, desobedecer reiteradamente al Tribunal Constitucional, lanzar a miles de ciudadanos a enfrentarse contra los servidores del orden público cuando están actuando legítimamente y cumpliendo el mandato judicial, obstaculizar gravemente las actuaciones judiciales o destinar los fondos públicos para financiar actividades ilícitas.
•	Lo que sucedió en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del 2017, puede calificarse como un golpe de Estado, lo que, en la terminología de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Sus objetivos eran derogar y suspender la Constitución, y declarar la independencia de una parte del territorio nacional (lo que permite definir los hechos acontecidos como un delito de rebelión conforme al art. 472 CP).
•	Las personas procesadas lo están por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal español y están siendo juzgadas con todas las garantías inherentes a un Estado de Derecho democrático. Ninguna organización intergubernamental del ámbito de los derechos humanos ni ninguna ONG activa en ese mismo ámbito (por ejemplo, Amnistía Internacional o Human Rights Watch) han reconocido a esas personas como presos políticos o de conciencia, aun cuando hayan criticado la prolongada situación de prisión provisional a la espera del inminente juicio.
•	En el régimen procesal español la medida de prisión provisional es una decisión valorada exclusivamente por el juez. Dicha figura, prevista en el ordenamiento jurídico español (al igual que en todos los países de nuestro entorno, con plazos incluso mayores), se ajusta a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa). En el caso presente, el Tribunal ha entendido que, además de la gravedad de los delitos y de las penas de prisión legalmente previstas están presentes una o más de las circunstancias que la justifican: riesgo de fuga y riesgo de reiteración delictiva. Recientemente el Tribunal Constitucional ha confirmado la legalidad, idoneidad y proporcionalidad de esta medida.
•	El juicio, que empezó el 12 de febrero de 2019 y terminó el 12 de junio, ha sido público y se ha desarrollado con la máxima transparencia a lo largo de 52 sesiones. El Tribunal Supremo ha garantizado además la máxima difusión del mismo, a través de la señal de televisión, así como en streaming. Como es habitual en un estado democrático, no cabe reconocimiento ni acreditación a "observadores internacionales". Cualquier persona que ha querido observar de cerca lo que suceda en la sala ha podido hacerlo libremente, con el único límite del espacio. Se ha asignado, no obstante, una sala con una amplitud superior a la empleada habitualmente. El Poder Judicial español es independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Así lo establece expresamente la Constitución.
•	El proceso por los hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña se está tramitando ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es un órgano con competencia nacional. Normalmente es un tribunal que se ocupa de resolver recursos de casación y revisión, pero también es competente para conocer de causas penales frente a ciertas personas, por razón del cargo público que ocupan. En este caso, responde a lo recogido en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña (artículo 57.2 y 70.2)
•	La Sala Segunda del Tribunal Supremo es un tribunal completamente independiente. Sus magistrados son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial por mayoría reforzada y su mandato es permanente, hasta la jubilación. Esto garantiza al máximo su independencia y sus decisiones no se toman con arreglo a criterios políticos, sino estrictamente técnico-jurídicos.
•	El proceso penal español, tal y como está regulado, se encuentra entre los más garantistas de Europa. Respeta plenamente los derechos fundamentales de los acusados a la presunción de inocencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la no autoincriminación y a la imparcialidad judicial.
•	Entre los políticos que han declarado figuran el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. También fueron llamados a declarar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el exalcalde de la ciudad, Xavier Trías. También se estimó la presencia del presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, y varios diputados nacionalistas en el Congreso, entre otros.
•	En las cuestiones previas —al inicio de la vista oral- el Tribunal finalmente admitió el uso del idioma catalán y consideró la presencia en la sala del juicio de dos traductores a tal efecto. También previó lugares para los familiares de los encausados y la presencia en la sala del juicio, mediante un sistema rotatorio, de periodistas, aunque, también por decisión del Tribunal, se han retransmitido en directo todas las sesiones de la vista oral. El tribunal ha admitido observadores parlamentarios, pero no internacionales al considerarlos del todo innecesarios e improcedentes, y por entender que la retransmisión en directo de las sesiones implica una total transparencia. Igualmente, ha habilitado espacios para los numerosos periodistas de más de un centenar de medios de comunicación acreditados.
•	Los encausados en prisión preventiva o provisional (9 de los 12 que han sido juzgados) permanecen en esa situación por haber entendido el juez instructor, primero, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, después, y la propia Sala de enjuiciamiento que concurrían los requisitos que exigen su detención preventiva: riesgo de fuga y riesgo de reiteración delictiva. El riesgo de fuga se ha justificado en el hecho de que son ya 6 los procesados fugados que han creado una estructura en Bélgica y Suiza que podría acoger a otros más. La reiteración delictiva se ha apreciado por las manifestaciones de los encausados de que volverían a comportarse como lo hicieron durante los episodios en los que presuntamente cometieron los delitos que se les imputan, y por la creación de un entramado institucional fuera del territorio nacional para el desarrollo y funcionamiento de un Estado catalán independiente en forma de República.

3. LAS LEYES PENALES APLICABLES A LOS HECHOS

	El juicio que se está desarrollando en el Tribunal Supremo de España en el que se juzga a doce personas acusadas de delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y pertenencia a organización criminal es un proceso penal en el que solo se juzgan hechos punibles, es decir, conductas humanas que han infringido la ley. No cualquier ley sino exclusivamente la ley penal.
	El Código Penal tipifica las conductas que lesionan los valores más importantes para una comunidad y establece la pena correspondiente. Lo hace en proporción a la gravedad de la conducta y también en proporción a las concretas circunstancias de comisión de cada delito y de cada una de las personas a las que se atribuye.
	Corresponde a los acusadores demostrar y convencer al tribunal de que se han cometido delitos mediante la práctica de prueba de cargo lícita, válida y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, mientras que los defensores han tratado de acreditar lo contrario o de contradecir las pruebas de las acusaciones.

	En el llamado "juicio dél procés", por tanto, de lo que se trata es de determinar si los 12 acusados infringieron la ley o no. No a todos se les imputan los mismos delitos. Pero, en todo caso, las normas sobre las que versa el juicio son cinco:

a)	Delito de rebelión (arts. 472 y 473 Código Penal)
           Art. 472: "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: [...]1º. Derogar o suspender…la Constitución y 5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional."
           Se trata de la acusación más grave por tratarse de un delito contra la Constitución y por las repercusiones que tiene para la sociedad en su conjunto.
           Se imputa de la violación de este precepto, presuntamente a través de una estrategia conjunta que implicaba a los miembros del anterior Govern, a la Presidenta del Parlament y a los principales dirigentes de dos organizaciones civiles (Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) que, presuntamente, colaboraron en la rebelión incitando y dirigiendo la movilización de sus bases y la presencia en las calles para apoyar las medidas ilegales adoptadas, e impedir incluso con procedimientos violentos la respuesta del Estado. 
           La responsabilidad es diferente según que los autores sean prormotores, inductores o jefes principales en cuyo caso las penas oscilan entre 15 y 30 años; sean mandos subalternos o intermedios con penas de 10 a 25 años, y simples partícipes con penas de 5 a 15 años.
           El art. 473 contempla varios casos en los que las penas son agravadas: uso de armas, violencia grave contra las personas, causación de estragos, distracción ilegal de fondos públicos, etc. 
           En todos los casos deben imponerse penas de inhabilitación absoluta
           El bien jurídico protegido en este delito es el orden constitucional

b)	Delito de sedición (arts. 544 y 545 del Código Penal)
	"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales."
	Las penas que corresponden por este delito también son muy elevadas, entre 8 y 10 años, si son los promotores, directores o autores principales; penas que se agravan, entre 10 y 15 años de prisión si éstos son personas "constituidas en autoridad"; y de 4 a 8 años de prisión para los restantes partícipes.
          En todos los casos deben imponerse penas de inhabilitación absoluta.
          El bien jurídico protegido, a diferencia del delito de rebelión, es el orden público, y no exige violencia como la rebelión.

c)	Delito de malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal)
	En este precepto se sanciona a la autoridad o funcionario público que, teniendo facultades para administrar un patrimonio público, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio público administrado.
            Este delito se atribuye a los miembros del Gobierno de la Generalitat que presuntamente destinaron recursos públicos al "procés", como ordenar el uso de edificios públicos para celebrar el referéndum, o pagar presuntamente campañas publicidad institucional, material electoral, cartelería y gastos a "observadores internacionales", entre otros.
            La penalidad se agrava por razón de la cuantía destinada a fines ilegales, y alcanza penas de 6 a 12 años de prisión si la cantidad supera los 250.000 euros. También lleva aparejada la pena de inhabilitación absoluta.
 
d)	Delito de desobediencia (art. 410 del Código penal) 
	En la que incurren "Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales". 
	Este delito se atribuye a quienes presuntamente recibieron mandatos directos del Tribunal Constitucional, requiriéndoles que se abstuvieran de seguir adelante con sus actuaciones contrarias a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum.
           Las penas previstas por este delito son la multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a dos años.

e)	Delito de pertenencia a organización criminal (art. 570 bis del C. Penal)
           Este cargo solo es mantenido por la acusación popular. El artículo 570 bis considera organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Se prevé una pena de entre 1 y 8 años de prisión, según el grado de responsabilidad de sus miembros y la gravedad de los delitos.

4.- GARANTIAS DE LOS ACUSADOS DURANTE EL JUICIO

          Como principio general debe indicarse que se han respetado todas las garantías del derecho al debido proceso o derecho a un juicio justo proclamado por los convenios internacionales. España es un Estado de Derecho en el que la calidad democrática de la justicia está plenamente garantizada.
          En cuanto a los recursos que caben contra la sentencia que dicte el Tribunal Supremo, debe señalarse que, dado que es firme de forma inmediata, solamente cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales
          En último término, será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien determine si se han cumplido o se han infringido las reglas del debido proceso
          Entre ellas, cabe destacar específicamente las siguientes:

Derecho a la presunción de inocencia.
	Es, sin duda, el derecho más relevante, y está absolutamente protegido. No se trata solo de que durante el proceso hayan sido respetado tal derecho, sino de que para que pueda dictar sentencia condenatoria han de darse una serie de condiciones mínimas: solo puede haber condena basada en pruebas, que se hayan obtenido legalmente, que se hayan practicado ante el tribunal sentenciador, que sean pruebas de cargo y que se valoren de forma racional. La situación de prisión preventiva de 9 de los acusados obedece a otras consideraciones jurídicas: la necesidad de preservar el buen fin del proceso ante la existencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
	En definitiva, es responsabilidad de la acusación probar en el juicio los hechos concretos que integren la descripción que hace el Código Penal de los delitos imputados. Sin prueba suficiente y convincente no puede decirse que haya delito y no puede condenarse. Por eso mismo, en caso de duda, el tribunal debe considerar que no es cierto un hecho que perjudique al acusado (in dubio pro reo). Como garantía de lo anterior, el tribunal estará obligado a motivar en su sentencia por qué considera creíbles unas pruebas y otras no, de modo que el relato de hechos probados no podrá ser nunca arbitrario, sino que habrá de vincularse de forma expresa por el tribunal con las pruebas practicadas.
           En el juicio oral se han practicado numerosas pruebas de cargo y de descargo: además de las declaraciones de los acusados, 422 declaraciones de testigos, 16 expertos o peritos en diferentes materias, el examen de centenares de videos relacionados con los hechos y de miles de documentos. En definitiva, se ha practicado prueba de cargo que acredita los hechos y la participación de los acusados en los mismos.
	Si se considera que la sentencia por ser condenatoria vulnera la presunción de inocencia, cabrá rebatirla por ese motivo, lo que conducirá a su revocación y a su sustitución por una sentencia absolutoria, en este caso dictada por el Tribunal Constitucional.
           
Derecho de defensa
	Es la garantía básica que engloba buena parte de las facultades y derechos que tienen reconocido durante el desarrollo del juicio.
           El derecho de defensa se ejercita de forma primordial a través, de la asistencia letrada, es decir, a través de los abogados. Todos los acusados han designado abogados de libre elección (en algún caso, han sido varios los abogados que han defendido a un solo acusado).
           Principio de contradicción. La manifestación más clara del derecho de defensa es el principio de contradicción, que se traduce en la posibilidad de que los abogados participen en la práctica de todas las pruebas: cada vez que declare un testigo o un perito, todos los abogados —no sólo el que lo propuso— podrán formularle las preguntas que se consideren pertinentes, incluso las que sirvan para cuestionar su fiabilidad
	Si el tribunal (a través de su presidente) rechaza alguna pregunta, habrá de justificar por qué (es decir, cree que la pregunta es capciosa, sugestiva o no es relevante para el caso) y el abogado podrá dejar constancia de su disconformidad.
	También podrá el abogado de una parte pedir que se inadmita alguna pregunta formulada por otro abogado o por el fiscal.
           En síntesis, se ha cumplido escrupulosamente el derecho a interrogar a los testigos de cargo y de descargo previsto por el art. 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales de 1950 
            Derecho a la prueba. La proposición y la práctica de las pruebas están sujetas a dos condiciones: la pertinencia de la prueba (que tenga relación con el objeto del proceso) y la necesidad de la prueba (que su práctica sea relevante para la determinación de los hechos); en este sentido, debe indicarse que los acusados han solicitado al tribunal la práctica de todas las pruebas que han considerado pertinentes. El Tribunal ha dado respuesta a esas peticiones en su auto del 1 de febrero de 2019: la denegación de las pruebas pedidas ha sido motivada y frente a ella, de nuevo, se puede manifestar disconformidad (a efectos de poder luego atacar la sentencia por este motivo).
            La práctica de la prueba en el juicio oral se ha desarrollado, bajo la dirección del Tribunal, conforme a las reglas que establece la legislación procesal penal y por el orden previsto en la ley (primero, los interrogatorios de los acusados; segundo, las declaraciones de los testigos; tercero, las declaraciones de los peritos; cuarto, el examen de las pruebas documentales incluyendo videos aportados a la causa) 

Derecho a un tribunal imparcial
	Los acusados tienen derecho a que ninguno de los miembros del tribunal guarde con ellos, con cualquiera de las partes, o sus abogados, o con la causa en sí, algún tipo de relación que permita cuestionar su imparcialidad en el caso concreto. La fórmula para denunciar la vulneración de este derecho es la recusación del magistrado en quien concurra alguna causa legal que permita dudar de su imparcialidad. La recusación debe formularse de forma inmediata al tener conocimiento de su causa (de lo contrario se entiende que se acepta la imparcialidad del magistrado concernido).
           Los acusados cuestionaron la imparcialidad del Juez instructor y del Tribunal de juicio. Se incoaron expedientes de recusación en los que los Tribunales competentes rechazaron por infundadas las recusaciones planteadas por las defensas de los acusados

Derecho a la doble instancia
          Al celebrarse el juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia no hay posibilidad de apelación ni de recurso ordinario alguno. No obstante, en estos casos no se admite la infracción del derecho a la doble instancia porque el enjuiciamiento por el más alto Tribunal de un Estado es una de las excepciones reconocidas por el art. 2 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Principio de igualdad de armas
	Estrechamente conectado con los anteriores: todas las partes del proceso deben recibir el mismo trato por parte del tribunal. No se puede dar más oportunidades a una parte que a otra para hacer alegaciones y para practicar pruebas
	En caso de infracción, habría que manifestar disconformidad, a efectos de poder después atacar la sentencia por este motivo.
           El Tribunal ha sido sumamente respetuoso con este principio. Todas las partes intervinientes, incluso la Fiscalía, han tenido las mismas oportunidades en cuanto a proposición y práctica de pruebas, formulación de alegaciones y de protestas, etc.

Derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos.
	Esta garantía se ejerce durante el interrogatorio del acusado, que se practica como primera prueba. Los acusados podrán negarse a declarar, sin que su silencio pueda perjudicarles en modo alguno. También podrán decidir contestar solo a las preguntas de su abogado y no a las del fiscal y/o a las de la acusación popular; esta opción, nuevamente, tampoco les puede perjudicar.
	Pueden también decidir contestar a algunas preguntas y negarse a responder a otras, sin que ello tenga consecuencias perjudiciales.
           En el ejercicio de este derecho, algunos acusados han contestado exclusivamente a las preguntas de sus abogados; otros han contestado a todas las partes menos a la acusación popular; y otros han rechazado contestar a preguntas concretas
 
Derecho a un proceso público
	Garantizado a través de la retransmisión en directo de las sesiones (streaming) y la publicidad en línea de las resoluciones que se han ido dictando durante la tramitación de la causa. 
           No ha existido ninguna restricción a la publicidad del juicio, y únicamente se ha preservado la imagen de algunos funcionarios que han comparecido en el juicio en su retransmisión por televisión, no habiéndose acordado otras medidas de protección.

Derecho a la última palabra
	Al término de las sesiones, una vez expuestos los informes finales de las partes, los acusados han ejercido su derecho a la última palabra para hacer una valoración general del proceso y de su posición, de modo que esto es lo último que ha escuchado el tribunal.

Inexistencia de la figura del juicio en ausencia
	La inexistencia en España del juicio en ausencia para delitos tan graves es una de las medidas garantistas de la legislación procesal-penal española. Los procesados no pueden ser juzgados si están huidos de la justicia española. De modo que el juicio oral solo se ha abierto para los acusados presentes.